Los modelos de actuación en el paisaje están cambiando con el reconocimiento de fenómenos de patrimonialización cada vez más complejos. Ahora atañen a paisajes ordinarios en los que se desarrolla la vida corriente de las sociedades humanas, como la periferia de la ciudad, el espacio periurbano o el ámbito rural. Esto fuerza a superar la dicotomía entre lo protegido y lo no-protegido y a operar en la interacción entre la política de gestión, los ecosistemas y ciertas actividades humanas entendidas como valores patrimoniales. ¿Qué conceptos y herramientas emplean los nuevos modelos de actuación para ordenar, conservar, gestionar y crear paisajes?
En las últimas décadas, científicos y académicos de las ciencias sociales dedicados al problema del patrimonio han manifestado una confluencia de enfoques con sus colegas de las ciencias naturales, y viceversa. Desde la teoría de la conservación se ha señalado que «la patrimonialización de la naturaleza y la cultura se produce por medio de la naturalización de la cultura», a través de los museos o los sitios históricos, y de la «culturalización de la naturaleza», a través de los parques públicos o los parques naturales.1 Así, la expansión de las figuras de salvaguarda por los caminos de la naturaleza y de la cultura ha plasmado su encuentro en los paisajes culturales.2
Pero el Convenio Europeo del Paisaje llevó más allá la patrimonialización del paisaje.3 Rechazó designar porciones de tierra y aislarlas como si se tratase de edificios y, en su lugar, propuso reconocer atributos culturales en el continuo del medio físico como base de la identidad de las comunidades. Buscaba superar la dualidad entre protegido y no-protegido y vincular el conjunto de los paisajes a la ordenación territorial.4 Como resultado, las políticas de paisaje en los países europeos están hoy cada vez más conectadas con las políticas del patrimonio cultural: un estudio exhaustivo ha concluido que la protección y promoción del patrimonio cultural prevalece entre los principales objetivos de un gran porcentaje de las organizaciones, leyes y regulaciones existentes en materia de paisaje.5
Para implementar retos tan ambiciosos ha sido necesario, a su vez, pensar nuevos esquemas de gestión –qué se hace– y gobernanza –quién y cómo lo decide–. Resulta relevante discutir el papel de las administraciones de menor escala, como los municipios o las comarcas, y de la sociedad civil, a través de colectivos y asociaciones locales, e incluso empresas. Por un lado, las administraciones autonómicas han elaborado registros de paisajes para informar a la ordenación territorial que han requerido de innovación metodológica para incorporar a la ciudadanía de modo decisivo.6 Por otro, se han creado asociaciones y organismos locales para objetivos específicos tales como recuperar actividades rurales tradicionales, poner en valor la memoria local o defender los paisajes urbanos metropolitanos.